Frente jurídico interno y externo se complica para el Estado peruano

Lima, 13 jun (Prensa Latina) Los problemas del Estado peruano en materia jurídica de derechos humanos se intensificaron hoy con sendos pronunciamientos, interno y externo, que cuestionan una ley aprobada en primera instancia por el Parlamento de mayoría conservadora.
La Junta de Fiscales Supremos rechazó una ley que declara prescriptibles los crímenes de lesa humanidad cometidos antes de 2002, lo que dejaría impunes a militares, policías y civiles procesados y condenados por esos delitos cometidos durante el llamado conflicto interno (1990-2000).
Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) requirió al Estado peruano que se suspenda la segunda y definitiva votación de la ley, hasta que dicha entidad pueda analizar los alcances de la norma.
Un comunicado de los fiscales supremos rechazó por sus implicaciones negativas de la llamada «Ley que precisa la aplicación y alcances del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra en la guerra peruana», que son imprescriptibles según convenios internacionales suscritos por el Estado nacional.
El pronunciamiento señala que los crímenes de lesa humanidad y de guerra son imprescriptibles bajo los estándares del derecho internacional y lo contrario «generaría impunidad y vulneración al derecho a la verdad» de las víctimas y de sus familiares.
Anota que la ley, rechazada por las organizaciones de derechos humanos y juristas, es «evidentemente inconstitucional al ser incompatible con la jurisprudencia supranacional en materia de derechos humanos y los estándares del derecho internacional».
Advierte además que, de entrar en vigencia la norma, serían archivados un gran número de investigaciones y procesos judiciales sobre delitos de lesa humanidad y serían afectados incluso los casos ya sentenciados.
Los fiscales enumeran una veintena de matanzas y otros crímenes de Estado que quedaría impunes, de aprobarse definitivamente la legislación impugnada.
De otro lado, la Asociación Pro Derechos Humanos anunció que el 25 de junio próximo pedirá a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional que considere la posibilidad de procesar al Estado peruano por  violación sistemática de derechos humanos, por la muerte impune de 50 civiles ultimados por militares y policías en protestas sociales entre fines de 2022 e inicios de 2023.